Represión en la Amazonía
El gobierno neoliberal de Alan García enfrentó violentamente a las comunidades étnicas de la Amazonía peruana que habían declarado la huelga en la región en defensa de las tierras, las aguas, los bosques y recursos energéticos. Donde García ve una conspiración internacional, están los intereses de las transnacionales petroleras, apoyadas por el gobierno y sus legisladores. Las comunidades amazónicas sencillamente defienden sus derechos que son los de la nación andina. El gobierno de García es responsable de la matanza y exigimos su renuncia.
Cumbre indígena de América
Desde abril, las comunidades de la Amazonía peruana se pusieron en pie de lucha en defensa de los recursos naturales de la región para evitar su privatización.
El 31 de mayo, en Puno, Perú, concluyó la cuarta Cumbre de Indígenas de las Américas con un acuerdo para crear la Unión Mundial de Naciones Indígenas. Cinco mil delegados de América participaron en el evento para proponer modelos alternativos de desarrollo. En la declaración final “se subrayó la necesidad de continuar la lucha indígena mediante la unión internacional. La cumbre también acordó construir un tribunal de justicia climática que juzgue a trasnacionales y gobiernos cómplices que depredan la naturaleza, saquean los recursos naturales y vulneran sus derechos”, informó la agencia AP.
Ante esa acción política, la respuesta del gobierno neoliberal peruano fue inmediata y violenta contra los habitantes de la Amazonía que mantenían tomada una carretera en la región.
El gobierno peruano desata la violencia
Unos días después, el 5 de junio, las agencias internacionales Reuters, AFP y DPA informaron que, “contingentes de la policía peruana desalojaron violentamente a indígenas que bloqueaban una carretera en el departamento de Amazonas, con apoyo de helicópteros, lo que dejó un saldo de unos 33 muertos y 113 heridos, y desató en la ciudad de Bagua una serie de desórdenes, quema de edificios públicos y saqueos”.
Entre las víctimas se reportaron 22 nativos y 11 policías, “en los enfrentamientos que ocurrieron durante una protesta de etnias de cinco departamentos que reclaman la derogación de leyes que - según las organizaciones indígenas - vulneran sus territorios y medio ambiente, en relación con la explotación de recursos petroleros en beneficio de empresas trasnacionales”.
La siguiente medida del gobierno de Alan García fue decretar el toque de queda en Bagua y otras localidades de la región señalando que “el objetivo es crear un clima de calma para retomar el diálogo, que con violencia y ataques a la propiedad privada no es posible”. Por su parte, Alberto Pizango, líder étnico “responsabilizó al gobierno peruano de los choques con la policía, que realizó disparos desde un helicóptero”.
“Han quemado locales públicos, no hay autoridad del gobierno regional, vamos a recomendar la aplicación del toque de queda, ante la reacción enfurecida de los pobladores luego del desalojo violento”, declararó Mercedes Cabanillas, ministra del interior.
Alan García justificó la acción de la policía como parte de las atribuciones para velar por el orden y la seguridad. Durante un acto público afirmó que “llegó el momento de abrir las carreteras, los ríos y asumir las responsabilidades”, en respuesta a las protestas de unas 65 etnias que desde el 9 de abril comenzaron sus movilizaciones.
Alan fue más allá y, dijo que su gobierno había tenido “mucha serenidad y frialdad pero, cuando se dice vamos a bloquear y a cortar el gasoducto, que dejaría sin luz a todos los peruanos, qué puede hacer el gobierno sino actuar con energía para poner orden” (sic).
Luego, torpemente, expresó que “detrás de la protesta hay intereses ideológicos (sic) nacionales e internacionales de los enemigos (sic) del desarrollo”.
Obviamente, ese gobernante no entiende nada del fondo del asunto, o finge flagrantemente, porque no gobierna para su pueblo sino para las transnacionales. Estos son los “intereses” que están detrás del conflicto y, a tales intereses, sirve Alan García y su gobierno.
Privatizar la Amazonía, objetivo neoliberal
Yves Le Bot y Jean-Patrick Razon, investigadores franceses, señalaron (en La Jornada, 7 junio 2009) que “miles de nativos iniciaron su protesta en abril para exigir la eliminación de leyes aprobadas por el gobierno de Alan García, que buscan mayor inversión privada en zonas ricas en recursos naturales, como petróleo y gas. Fue una huelga focalizada en los departamentos de Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali”.
Las protestas obligaron a la empresa estatal Petroperú a cerrar temporalmente el único oleoducto que transporta crudo de la selva norte hasta la costa del Pacífico. Asimismo, la argentina Pluspetrol detuvo su producción en el norte del país debido a la falta de capacidad de almacenamiento.
El gobierno peruano, sin embargo, acusó de las muertes ocurridas durante los enfrentamientos a los nativos. Pero, éstos han desmentido la especie al informar que su protesta ha sido pacífica y que carecen de armas de fuego. Dijeron que no descartaban que los mismos policías hayan disparado simultáneamente desde distintos puntos, incluso, contra ellos mismos. El líder Pizango, denunció con claridad que la matanza del gobierno “forma parte de un plan de entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras, que incluye privatizar nuestras tierras”.
Los investigadores refirieron que “el Congreso, con mayoría oficialista, suspendió la discusión para derogar la Ley Forestal y Fauna Silvestre, que según el gobierno regula la inversión privada en el sector. Decretos firmados por el gobierno entre 2007 y 2008, que además relajan los controles sobre la explotación de minerales, maderas, agricultura y explotación petrolera, que incluye la entrega de lotes a trasnacionales”.
Agregaron que “estos enfrentamientos son resultado de un conflicto entre indígenas de la selva y el gobierno de Alan García, a causa de la explotación de las riquezas petroleras. Inmensas reservas han sido descubiertas en años recientes en la región. Un milagro, según el presidente García, que multiplica las iniciativas favorables a su explotación por las empresas extranjeras, incluido Perenco, un grupo franco-británico”. Los investigadores adicionaron que “esto tiene consecuencias trágicas para las comunidades de cazadores-recolectores (sic) que obtienen sus recursos del bosque y de los caudales de agua”.
Informaron también que, “los indígenas agrupados en la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana se han movilizado contra la destrucción y la contaminación de su espacio vital y, después de varias semanas, la tensión no termina. Ellos han recibido el apoyo de numerosos sectores de la población en todo el país. Antes de los acontecimientos de los últimos días, una movilización general había sido programada para el jueves 11 de junio”.
Le Bot y Razon expresaron que “el gobierno manifestó su voluntad de pasar a toda costa, de abrir la vía a las compañías, burlándose de los derechos reconocidos a las comunidades desde los años 1970 (por parte del gobierno militar progresista de Juan Velasco Alvarado), protegidos por las convenciones de Naciones Unidas”।
Militarización de la Amazonía
El 6 de junio, según AFP, DPA, Reuters y Notimex, “el ejército peruano estableció hoy (6) el toque de queda en las provincias amazónicas de Bagua y Utcubamba, luego de los fuertes enfrentamientos que se desataron desde el viernes (5) y que prosiguieron hoy entre fuerzas de la policía e indígenas con un saldo que aumentó a unos 50 muertos, 155 heridos y 150 detenidos entre los manifestantes”.
“Bagua, epicentro de las protestas, amaneció este sábado militarizada y bajo tensa calma tras la violencia registrada ayer, cuando la población quemó y asaltó ocho locales públicos. La violencia también se replicó en las cercanas poblaciones de Bagua Grande y Jaén, objeto de incendios, saqueos y tiroteos durante la tarde del viernes”.
“La carretera desbloqueada por la policía - en la acción que desencadenó 24 horas de intensa violencia - ya se encuentra con el tránsito vehicular restablecido entre la selva y el norte del país. Esa carretera había sido tomada hace 10 días por unos 2 mil 500 nativos, como parte de una serie de protestas de las 65 etnias amazónicas”.
Se informó que “los indígenas están en pie de lucha desde comienzos de abril en reclamo de que el gobierno derogue decretos que consideran ponen en peligro sus territorios y su supervivencia y buscan la explotación de hidrocarburos en la región sin su consentimiento, en beneficio de las trasnacionales extranjeras y acorde con una política gubernamental de apertura la inversión foránea y un tratado de libre comercio”.
Champion Nonimgo, a nombre de un comando nacional indígena, activado luego que Alberto Pizango pasara a la clandestinidad después de los primeros choques de la víspera, declaró que las protestas seguirán hasta que se atiendan sus demandas. El gobierno emitió una orden de captura contra Pizango acusado de sedición, conspiración y rebelión.
“Nonimgo denunció que son más de 30 los nativos fallecidos y que hay unos 150 de sus compañeros detenidos en una base militar. El gobierno, en tanto, afirmó que “Perú está sufriendo una agresión subversiva contra la democracia y la Policía Nacional. Frente a ella necesitamos responder con serenidad y con firmeza. Agregó que los hechos de violencia son parte de un complot contra la democracia que podría haber contado con apoyo externo, aunque sin dar detalles”.
El gobierno de Alan García reiteró que se trata de “una conspiración cuidadosamente preparada contra Perú, una conspiración que ha interrumpido la producción y el transporte de petróleo, el envío de gas hacia las ciudades de la costa y para la cual se habló de insurgencia y levantamiento en las últimas semanas”.
García fue secundado por la ministra Cabanillas, quien aseguró que “se ha comprobado la existencia de un complot para desestabilizar la democracia peruana, como ocurrió en Ecuador en enero de 2000 con el presidente Jamil Mahuad, y en Bolivia en octubre de 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando en sendas revueltas populares fueron expulsados del poder”.
¡Abajo privatizadores asesinos!
No es ninguna conspiración ni complot contra Alan García y secuaces, sino el resultado de la política neoliberal seguida por ese gobierno en favor de las corporaciones transnacionales. Si a esa política le quieren llamar “conspiración” o “complot”, los autores son ellos mismos, es decir, gobierno y transnacionales.
Tampoco es una “agresión a la democracia” porque los recursos naturales no son del gobierno de Alan, ni siquiera son del Estado, son de la nación peruana, misma que en ningún momento ha sido consultada “democráticamente.
El gobierno de García está procediendo unilateralmente, con el apoyo de los partidos políticos y legisladores proclives, en contra de la nación peruana। Las comunidades amazónicas, sencillamente, están defendiendo gallardamente los recursos naturales que son de todos.
“Esto que pasa en Perú es una ilustración dramática de un problema que se ha hecho crucial en toda América Latina: la explotación del subsuelo y la devastación del medio ambiente en detrimento de los pueblos autóctonos y de la biodiversidad”. Es decir, no se trata de un problema local ni “indígena”, es la acción de los pueblos del mundo que ya no están dispuestos a seguir siendo atropellados por gobiernos ilegítimos y vendepatrias.
La lucha de los pueblos de la Amazonía peruana es un ejemplo para el mundo. Son los sectores indígenas, ni siquiera los obreros, los que están al frente de la batalla. Así ocurrió en Bolivia, cuando las comunidades bolivianas se movilizaron en defensa de sus hidrocarburos secundados, en su momento, por la Central Obrera Boliviana.
Esta vez, los trabajadores no debemos tener ninguna duda sino apoyar con todos los recursos al alcance a la población de la Amazonía, cuya lucha expresa los intereses de la nación peruana en su conjunto, con relación a la defensa de los recursos naturales, entre ellos, la tierra, las aguas, los bosques y los energéticos.
La lucha en la Amazonía peruana no solamente tiene aspectos nacionalistas sino más allá. Al oponerse a la privatización de los recursos naturales en favor de las corporaciones transnacionales, el movimiento tiene un claro carácter antiimperialista y de clase.
La Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), afiliada a la Federación Sindical Mundial (FSM), sabrá estar a la altura de sus deberes políticos. El FTE de México se solidariza plenamente con las comunidades de la Amazonía peruana y llama a todas las organizaciones afiliadas a la FSM a expresar sin reservas su solidaridad.
Exigimos respeto al derecho de la nación peruana sobre sus recursos naturales, así como, la renuncia del gobierno asesino de Alan García, la re-nacionalización de las tierras, las aguas, los bosques y los energéticos, y el respeto a la integridad física de los habitantes y representantes de las comunidades amazónicas.
Frente de Trabajadores de la Energía,
de México
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